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lunes, 9 de octubre de 2017

Sólo 17 de las 143 universidades del Perú cuenta con licencia de funcionamiento

Solo 17 de las 143 universidades que operan en todo el territorio nacional, entre públicas y privadas, han logrado cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria para obtener una licencia de funcionamiento.

Desde la promulgación de la conocida Ley Universitaria (Ley Nº 30220) el año 2014, todas las universidades del país fueron alertadas sobre las nuevas condiciones básicas de calidad educativa que debían cumplir para obtener una nueva licencia de funcionamiento.

“El plazo otorgado para cumplir con la nueva normativa fue de tres años desde su entrada en vigencia. Hasta el día de hoy solo 13 universidades privadas y cuatro públicas han sido autorizadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”, detalla Mauricio Santa Cruz, gerente del Área Legal de EY Perú.

El resto de universidades públicas y privadas tienen como fecha límite julio de 2018 para iniciar el proceso de otorgamiento de licencia; de lo contrario podrían tener sanciones, que van desde multas, suspensión de licencias e, incluso, la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento.

“Cabe indicar que antes de la promulgación de esta Ley Universitaria, las 143 universidades del país contaban con algún tipo de autorización para operar (76 con autorización definitiva, 54 con autorización provisional y 12 creadas bajo la Ley de Creación). Sin embargo, las universidades deberán amoldarse a los nuevos requisitos mínimos de calidad educativa y someterse al proceso de licenciamiento que indica la nueva ley”, comenta Santa Cruz.

Las exigencias que más destacan son la necesidad de una infraestructura adecuada (biblioteca y laboratorio), la contratación a tiempo completo de al menos el 25% de los profesores, contar con un plan de estudios sujeto a los requisitos que exige la norma y tener un respaldo financiero para asegurar la sostenibilidad económica de la institución.

La falta de fiscalización en la creación de nuevas universidades llegó a colocar al Perú como el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de universidades, solo superado por Brasil que cuenta con 197 universidades y con una población de 200 millones de habitantes.

“Es recomendable que las familias y los propios alumnos verifiquen el estado de sus centros educativos antes de inscribirse para evitar perder dinero y tiempo. Y en ese sentido queda pendiente un trabajo conjunto entre Sunedu e Indecopi para apoyar a los alumnos que queden varados por estas instituciones no autorizadas”, recalca el experto.

viernes, 5 de junio de 2015

Ejecutivo presenta conjunto de medidas para delegación de facultades legislativas

El Ejecutivo anunció las medidas en materia administrativa, económica y financiera por las que solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades, siendo una de las principales propuestas la creación de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Público Privada. El objetivo de esta Ley es establecer garantías a la inversión a fin de mejorar el clima de negocios y simplificar los procesos de promoción llevados a cabo ante Proinversión, entre ellos mecanismos para la planificación de la inversión privada vía Asociación Público-Privadas (APP).

Cabe comentar que uno de los aspectos que dificulta las inversiones es la dispersión normativa que regula las APP, las concesiones y los proyectos de inversión. Por ello, resulta necesario integrar en un solo cuerpo normativo las normas de promoción de la inversión público privada, incorporar las lecciones aprendidas durante la ejecución de los procesos de promoción, fortalecer aspectos institucionales, mejorar diversos aspectos relacionados con la generación de garantías a la inversión y mejorar la programación multianual de este tipo de proyectos. Entre otras propuestas también se busca incluir precisiones a la Ley de Obras por Impuestos, ya que, en la medida en que se han desarrollado más proyectos bajo este mecanismo, han surgido problemas que no se tenían previstos.

Considerando que el desarrollo integral y sostenido de la Amazonía constituye un elemento central de la agenda pública del Gobierno es necesario implementar servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea.

Igualmente, es de interés del Estado garantizar las condiciones operativas y de seguridad de los terminales portuarios, salvaguardando, al mismo tiempo, la vida y la seguridad de las personas que realizan actividades pesqueras artesanales. Por ello, es necesario crear un régimen que facilite el ordenamiento y traslado de las operaciones pesqueras artesanales, de tal manera que no interfieran con las actividades portuarias.

Otros aspectos que se contemplan en el pedido de delegación de facultades son el reforzamiento del rol del Estado en la planificación y seguridad energética de largo plazo. Para ello es necesario aprobar disposiciones que faculten al Ministerio de Energía y Minas a realizar procedimientos que incentiven el desarrollo de nuevas centrales de generación eléctrica. En igual sentido, es necesario establecer un marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el comercio internacional de energía eléctrica, eliminando las restricciones e inflexibilidades operativas que estarían impidiendo dichas transacciones. Otro aspecto abordado es el reforzamiento del proceso de formalización de la minería informal, lo que permitirá viabilizar la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el país.

Una medida a destacar es la supervisión directa de la Cooperativas de Ahorro y Crédito por la SBS. Con esta medida se busca dar protección a más de un millón y medio de socios cooperativistas con depósitos por más de 5 mil millones que no cuentan con una supervisión estatal directa, como si lo tienen los depósitos del sistema financiero. También se incluye la creación de mecanismos para promoción de la banca de inversión a través del fortalecimiento del marco institucional del mercado de valores, incidiendo tanto en su eficiencia como en su desarrollo. Para ello, se encarga a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la supervisión y control de la banca de inversión.

Otros aspectos sobre los cuales se busca legislar son el desarrollo de un marco legal que permita facilitar el acceso a un mayor número de inversionistas del exterior al mercado de deuda pública peruano y el alineamiento de nuestros sistemas de fiscalización tributaria con las mejores prácticas de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los de nuestros socios de la Alianza del Pacífico.

De la misma manera, se propone crear un marco legal actualizado que promueva formalización de productores y la inversión en el sector acuícola. De otro lado, considerando que el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) reconoce en los parques industriales una herramienta que facilita el acceso ordenado de los productores a una zonificación comercial con bajos costos y a servicios públicos de mejor calidad y precio, se propone impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, y la mejora de la calidad mediante el desarrollo de parques industriales y ecosistemas productivos.

También se busca fomentar el acceso a la vivienda a través de programas de adjudicación de lotes y regularización de las posesiones informales a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Asimismo, dado que las ciudades peruanas cuentan con bajos niveles de tenencia de alquiler de vivienda, se ha visto por conveniente implementar mecanismos que fortalezcan el mercado de arrendamiento y que faciliten la suscripción de contratos de arrendamiento con opción de compra.

Por último, considerando que una parte importante de la población aún no cuenta con los servicio de agua potable saneamiento, se propone implementar medidas para garantizar la reserva de fuentes de agua y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.

Todas estas medidas han sido incluidas en la solicitud de facultades que el Ejecutivo enviará al Congreso y que espera sean aprobadas con la celeridad debida.

Fuente: MEF