Desde la promulgación de la conocida Ley Universitaria (Ley Nº 30220) el año 2014, todas las universidades del país fueron alertadas sobre las nuevas condiciones básicas de calidad educativa que debían cumplir para obtener una nueva licencia de funcionamiento.
“El plazo otorgado para cumplir con la nueva normativa fue de tres años desde su entrada en vigencia. Hasta el día de hoy solo 13 universidades privadas y cuatro públicas han sido autorizadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”, detalla Mauricio Santa Cruz, gerente del Área Legal de EY Perú.
El resto de universidades públicas y privadas tienen como fecha límite julio de 2018 para iniciar el proceso de otorgamiento de licencia; de lo contrario podrían tener sanciones, que van desde multas, suspensión de licencias e, incluso, la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento.
“Cabe indicar que antes de la promulgación de esta Ley Universitaria, las 143 universidades del país contaban con algún tipo de autorización para operar (76 con autorización definitiva, 54 con autorización provisional y 12 creadas bajo la Ley de Creación). Sin embargo, las universidades deberán amoldarse a los nuevos requisitos mínimos de calidad educativa y someterse al proceso de licenciamiento que indica la nueva ley”, comenta Santa Cruz.
Las exigencias que más destacan son la necesidad de una infraestructura adecuada (biblioteca y laboratorio), la contratación a tiempo completo de al menos el 25% de los profesores, contar con un plan de estudios sujeto a los requisitos que exige la norma y tener un respaldo financiero para asegurar la sostenibilidad económica de la institución.
La falta de fiscalización en la creación de nuevas universidades llegó a colocar al Perú como el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de universidades, solo superado por Brasil que cuenta con 197 universidades y con una población de 200 millones de habitantes.
“Es recomendable que las familias y los propios alumnos verifiquen el estado de sus centros educativos antes de inscribirse para evitar perder dinero y tiempo. Y en ese sentido queda pendiente un trabajo conjunto entre Sunedu e Indecopi para apoyar a los alumnos que queden varados por estas instituciones no autorizadas”, recalca el experto.
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